Los hasta hace nueve días “intentos” por parte del gobierno federal para liquidar a Luz y Fuerza del Centro (LFC) se convirtieron en hechos el sábado 10 a medianoche. La clausura de la compañía fue llevada a cabo por parte de la Policía Federal, siendo respaldada por un decreto por parte del presidente Felipe Calderón. El brinco por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para lanzarse a las protestas no tardó en llegar. Las conversaciones que habían sido mantenidas entre el gobierno y el sindicato desde hace una semana fueron rotas el día de hoy con el anuncio por parte de los trabajadores de que no continuarían con el diálogo.
Se habla de diálogo ante un rechazo por parte del gobierno a las negociaciones; la decisión fue final. El primero se llevó a cabo el viernes 16. Tras interminables seis horas de intercambio de palabras entre el SME y la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior), se concluyó sin resultados. El término “diálogo” fue aportado por Gobernación por obvias razones ante la negación a negociar. El punto final a él fue determinado por el SME ante la declaración de un supuesto soborno escondido tras ese diálogo por parte de Gobernación.
Los líderes sindicales, descontentos para no variar su naturaleza, rechazaron cualquier propuesta por parte del gobierno, calificando la liquidación y el monto adicional ofrecidos a los trabajadores y al sindicato por parte de éste si eran tomados antes del 14 de noviembre, como un chantaje. Increíble que se juzgue al gobierno de sobornador por acatarse a las leyes.
El responsable de Interior del SME, Humberto Montes de Oca argumenta que no aceptarán las condiciones del gobierno y que se irán por el terreno de la lucha jurídica pues los elementos en este tema están a su favor. Argumentar tal cosa cuando según la ley, una firma que no es rentable ni eficiente bajo ciertos índices de productividad por trabajador puede ser clausurada, no hace parecer que en efecto los elementos jurídicos estén realmente a favor del SME, especialmente cuando dichos argumentos giran en torno al desempleo de 44.000 trabajadores, cuando de entrada tal cifra era excesiva para la operación de la compañía.
Se habla de la ineficiencia, de lo deficitario y de la incapacidad del Gobierno Federal ante este tema, pero se ignora el hecho que LFC en su desempeño como compañía encajaba perfectamente bien con los mismos calificativos. Finalmente la decisión del Gobierno sale de ese estándar de “ineficiente” si se toma en cuenta el ahorro económico que la clausura de dicha firma significa. Sí, las cifras de desempleo por su liquidación son enormes, pero las sumas de ahorro finalmente serán destinadas por Calderón a programas sociales.
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